A la Superintendencia de Pensiones, SUPEN, le corresponde alertar sobre las agudas vulnerabilidades que se ciernen sobre los regímenes jubilatorios del país y proponer la deliberación de políticas públicas para asegurar justamente la sostenibilidad en cuanto a suficiencia y cobertura de las pensiones para que -ojalá todos- podamos tener “una vejez digna, con equidad y responsabilidad intergeneracional”.
Esto pasa, aunque no solo exclusivamente, porque se acometan cuanto antes las modificaciones pendientes para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS; esas mismas que la semana pasada se pospusieron una vez más, para ser discutidas (quien sabe si aprobadas) en setiembre.
El asunto en palabras llanas es no seguir pateando la pelota para adelante de modo que podamos pensar a partir de esas modificaciones pendientes ya por años en otros novedosos cambios que permitan robustecer nuestros esquemas de pensión. Uno determinante -por ejemplo- es el que apunta a salvar de la pauperización de cientos de miles de costarricenses que no cotizan para la jubilación porque están en la informalidad.
Pero llevar adelante esta discusión con imparcialidad y serenidad para tener claro qué es lo que nos jugamos, es (casi) misión imposible, como pudimos constatar en los últimos días. Aun así hay que hacer los deberes.
Por ello, la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, nos acompaña en Hablando Claro para explicar el A, B, C no solo del IVM, sino de lo que ella denomina un Plan Nacional de Pensiones. Una propuesta para que se pueda lograr una cobertura que efectivamente proteja contra la pobreza en la vejez, dinamice los mercados laborales, facilite los incentivos fiscales para la previsión social, y refuerce la sostenibilidad financiera, así como la gobernanza de los fondos de pensiones.
