Lo esperábamos. No podía ser de otra manera a pesar de la reticencia de algunos sectores: el Gobierno se amarró los pantalones y ante la incuestionable evidencia de un crecimiento exponencial de los contagios y la presión en los servicios hospitalarios tendremos un cierre controlado de actividades a partir del lunes próximo con la reinstalación de la restricción vehicular una vez por semana en todo el país, además de la vigente de fin de semana.
El cierre será corto, hasta el 9 de mayo y estará circunscrito al área central del país, en las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Ahí se concentran muchos de los 45 cantones que actualmente están en alerta naranja, así como el 70 % de los casos reportados la semana pasada. El cierre, además, será solo de comercios no esenciales.
La situación a la que obliga este candado es de tal magnitud que por primera vez hay listas de espera de enfermos para ingresar a las unidades de cuidados intensivos. El nuevo récord del día llevó los positivos a 2.781 con 15 decesos y el ministro de Salud explicó que a ese ritmo la proyección podría situarnos en unos 4.000 casos en unos 6 u 8 días; es decir en una semana.
Las medidas no pretenden (eso no sería realista) bajar los contagios. Lo que se pretende es gestionar las capacidades de las camas hospitalarias, y -por cierto- cuando las autoridades hablan de “camas” no se refieren solo al lugar donde se acondiciona a una persona muy enferma, sino a los equipos necesarios y al personal indispensable para atender a cada uno con dignidad, tratamientos apropiados incluidos.
Mientras tanto, tanto Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana valoran el traslado de sus convenciones partidarias, pues está claro que junio no será un buen momento para el ejercicio democrático.
Finalmente, ayer, en medio de tanta congoja, nos cayó un balde de agua fría. Un servidor público en Tres Ríos al parecer, estaba vulnerando los principios éticos y legales de su tarea, manoseando lo que constituye el ejercicio cuasi sagrado de la vacunación. El hecho movilizó de inmediato acciones de la Caja y el Ministerio de Salud. Esperemos que caiga el peso de la ley sobre el aparente delincuente. Toda una bofetada para miles de trabajadores que están dando la milla extra en nuestra seguridad social. Conversamos en Hablando Claro con el epidemiólogo Juan José Romero.
