Hay buenas noticias: la reserva federal de los Estados Unidos elevó sus proyecciones de crecimiento de este año de 4.5% a 6.5% del PIB. Y ya sabemos que cuando allá truena, aquí llueve. Claro que las condiciones externas inciden en nuestra actividad y sin duda impactarán positivamente nuestro anhelado rebote económico.
Pero también sabemos que hay que hacer los deberes en casa. Y esa tarea pasa -entre otras- por resolver nudos gordianos de las finanzas públicas y del ordenamiento de los gastos; lo que implica -aunque algunos se empecinen en negarlo- desenmarañar la madeja del empleo público.
Y ahí están los diputados. Prestos a iniciar la semana próxima extensas jornadas plenarias, con el polémico texto de salarios globales de cara a la aprobación en primer debate. Parecería innecesario señalarlo, pero por aquello de que algunos pretendían la votación antes del receso de Semana Santa tal cosa no se ve factible. Es más, será cuasi imposible porque según el reglamento legislativo las más de 600 mociones rechazadas en comisión, podrían ser reiteradas en plenario. Y ahí juegan todos los intereses. Desde quienes quieren mejorar realmente el texto, hasta quienes tendrán en esas mociones municiones suficientes para obstaculizar la cancha de cara no solo a la aprobación sino también a la bendición, tras el primer debate de la Sala Constitucional. Esa será la verdadera prueba de fuego del plan de empleo público; asumiendo claro está que se logren concretar los 38 votos.
Claro que no hay que cruzar el puente hasta llegar al río. Con negociaciones en proceso y vacaciones de por medio, cualquier cosa podría pasar con un proyecto neurálgico para las necesidades que tiene el país de honrar uno de sus más importantes compromisos con el Fondo Monetario Internacional.
Todo esto sin dejar de señalar (llueve sobre mojado) que el plan de empleo público pasa ya por el tamiz de los aires preelectorales.
En Hablando Claro conversamos con los diputados Carlos Ricardo Benavides (PLN) y Pablo Heriberto Abarca (PUSC) sobre las opciones de llegar finalmente a contar con una ley de empleo público que no sea un canto a la bandera. O peor aún, que naufrague en las profundidades del procedimiento o cualquiera otra inconstitucionalidad que se le “introduzca” al texto. Como ya pasó con la ley de ajuste fiscal de la Administración Chinchilla Miranda.
