Para este momento más de 700.000 estudiantes de 2.055 escuelas y colegios públicos deberían estar beneficiándose de una conectividad a internet digna de una autopista a cuatro carriles, pero van por “camino de tierra” por culpa de una cadena de acciones u omisiones entre entidades.
La Contraloría General de la República frenó la semana pasada, por falta de información de costos, el contrato del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que se había adjudicado un cartel con especificaciones que restringían la cantidad de oferentes, diseñado por la Fundación Omar Dengo (FOD) como unidad ejecutora de la Red Educativa del Bicentenario lanzada por el Gobierno de la República.
Y ahora están todos corriendo, o eso queremos pensar, porque el objetivo es tener el servicio para el segundo semestre de este año, según la FOD. La realidad educativa pospandémica exige como nunca antes una conectividad de calidad como nos percatamos mientras hacíamos el recuento de daños del 2020.
Corresponde no soltar la tecla de este tema. De proyectos como estos depende la calidad e inclusividad del desarrollo de una gran parte de una generación completa, que no tiene por qué esperar que se pongan de acuerdo el Micitt, la Sutel, el ICE, la FOD, la CGR…
Al tema dedicamos nuestro Hablando Claro con Leda Muñoz y Marcelo Carvajal, directora ejecutiva y gerente de la Fundación Omar Dengo, respectivamente.
