Abriéndonos paso a la normalidad en pandemia, lo ideal sería que los estudiantes de todos los niveles regresen a clases presenciales permanentes tan pronto como sea posible.
Que la presencialidad sea importante para la socialización y el estado anímico de niños, niñas y adolescentes es indiscutible. Pero también es irrebatible que tras el año de suspensión de curso que vivimos en el 2020, quedó en evidencia la inmensa dificultad de cumplir -ya no digamos avanzar- con la adquisición de conocimientos, sobre todo considerando los inmensos problemas de conectividad que muchos alumnos tuvieron que enfrentar. Una situación para la que -sabemos bien- no estábamos preparados.
Entre otras realidades enfrentamos entonces la del hacinamiento físico y tecnológico, un concepto con el que hoy definimos a aquellas personas/familias que tienen que estar en una misma habitación teletrabajando y teleaprendiendo y también a aquellos que, enfrentan problemas tanto de disponibilidad de aparatos electrónicos como de conectividad propiamente.
De acuerdo con el Estado de la Educación, si no fuera porque el celular le está salvando la tanda a las familias, el hacinamiento tecnológico alcanzaría a poco más de la mitad de los hogares del país (51 %). Ni qué decir de los hogares con tres estudiantes (67 %) y todavía peor en aquellos hogares de cuatro estudiantes o más (77 %). Es decir, es bueno que la tenencia de celulares en Costa Rica sea tan alta (en promedio tres por familia) pero ello no implica que ese dispositivo sea el adecuado para constituirse en la herramienta que sustituye la falta de disponibilidad de computadoras y tabletas.
En medio de las congojas familiares para abrirse paso cumpliendo las obligaciones, las instituciones no logran llenar las necesidades de la conectividad y del aseguramiento de condiciones mínimas de equipamiento para cumplir el precepto constitucional de educación pública, gratuita y costeada por el estado. Y para mayor frustración, la semana pasada la Contraloría anuló de oficio la adjudicación que la Fundación Omar Dengo otorgó al ICE para proveer de internet a más de 2.000 centros educativos del país. Un baldazo de agua fría para la famosa Red Educativa del Bicentenario del Ministerio de Educación Pública, cuya jerarca viene expresando “frustración” por lo tortuoso que nos está resultando el acceso democrático a la conectividad.
Con Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, proyecto prioritario del Estado de La Nación, conversamos en Hablando Claro.
