El proyecto para modernizar el marco normativo del empleo público es claramente eso, un plan en construcción. Depurarlo, mejorarlo, o incluso dinamitarlo por la vía de las mociones que se le van introduciendo al texto original está entonces dentro de lo posible. Por lo tanto, no sabremos exactamente lo que finalmente emanará como texto final, tras las muchas voluntades que están pugnando por concretar (o no) esta postergada reforma.
Cierto es como dice el jefe de la bancada liberacionista Luis Fernando Chacón que ahora aparecen muchos especialistas en la materia. “Cinco millones de expertos”, hiperbolizó, en rechazo a las críticas de una extraña moción que aprobaron -proveniente de las universidades públicas- la mayoría de los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración el martes, para introducir una redacción que les permitiría “regirse por los estatutos orgánicos y la normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno” (¿?)
Para algunos eso es simplemente dejarles un portón para salirse del saco. Para otros es solo una garantía para que no se les afecten sus prerrogativas de definición de estándares de política salarial. Por ahora nadie está del todo claro.
Lo que si es un hecho es que el tamaño del desafío que tiene entre manos el Congreso es tan relevante que el Presidente de la República no duda en calificarlo como el más importante de su administración, junto con la modernización del reglamento legislativo.
En la misma línea, el economista José Luis Arce de FCS CAPITAL lo califica como una verdadera transformación que permitirá a las instituciones públicas atraer talentos (algo imposible hoy), así como establecer “orden y justicia al reducir inequidades derivadas de una distribución ilegítima y sobre todo opaca del poder de negociación entre grupos de interés, en detrimento no solo de la estabilidad presupuestaria, sino principalmente de la convivencia democrática…” Con Arce conversamos en Hablando Claro.
