Las llamaradas alrededor del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) incineraron también un elemento que convenía mantener en frío: la necesidad real de que las decisiones políticas se basen en evidencias y en un sustento científico para reducir al mínimo el margen siempre existente de creencias, prejuicios o, peor aún, torcidos planes politiqueros.
Porque ese era, al menos en el papel, el propósito al crear la desventurada UPAD ya hace un año: analizar datos que andan desperdigados por todo el aparato público para que las decisiones en Zapote fueran precisas y realistas.
Ya sabemos que eso no ocurrió y por ahora no hay alternativas. El INEC tiene datos valiosísimos, pero no está para procesarlos a pedido de una instancia de formulación de política pública, el Ministerio de Planificación no está concebido tampoco para esas tareas y algunas universidades hacen grandes esfuerzos, pero también tienen objetivos que se alejan de asesorar (en el mejor sentido del término) a un Gobierno, cualquiera que sea. ¿Crear una instancia nueva? El ambiente político deja serias dudas.
La necesidad, sin embargo, está ahí y crece conforme crecen también las tentaciones a tomar decisiones al calor de los intereses o los aplausos, más aún en un contexto electoral. Los porqués y los cómo son variados, pero nos acercamos a ellos este martes con el director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo, y con Jorge Vargas, director del Programa Estado de la Nación.
