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    12 febrero: Criminalización de la política. Con Gerardo Huertas.

    12 febrero: Criminalización de la política. Con Gerardo Huertas.


    El presidente Carlos Alvarado ha sido objeto de 18 acusaciones penales; ocho de las cuales ya han sido desestimadas, precisó su abogado Rodolfo Brenes en nuestro #HablandoClaro de este jueves, después de la comparecencia del miércoles que -por cierto- aún deja mucho para analizar.

    El dato, independientemente de quién sea el mandatario de turno, dice mucho de cómo la política se ha ido criminalizando y lo útil (aunque cínico) que resulta esa herramienta para el juego de poderes públicos.
    Tampoco ayuda, claro, un Ministerio Público que deja serias dudas en sus formas y que parece ir dejando insatisfechos por igual tanto a quienes claman por condenas como a quienes exigen garantías procesales.

    Fácilmente hemos visto cómo se filtra información sensible sobre el "caso UPAD", el "cementazo" y otros, como ocurrió con la clave del teléfono que había entregado Alvarado y que ahora es de dominio público nacional. De inmediato salió la Fiscalía a asegurar que de su parte jamás ha habido tal filtración (¿cómo hizo para asegurarse de ello en un par de horas?) y que de seguro fue de otro lado porque un total de 55 personas tuvieron acceso a esa información. El OIJ lo investigará.

    Pero los cuestionamientos no quedan ahí. El manejo de la información del caso judicial, en general, recibe cuestionamientos de los abogados del Presidente, paradójicamente en un expediente sobre supuesta violación de datos privados. Por ejemplo: ¿ocultó la Fiscala General a la Sala Penal que ya estaba abierto un paquete de correos electrónicos presidenciales sin presencia de un juez ni de abogados defensores, antes de que se discutiera si era correcto acceder a esa información, tal como lo denunciaron ya los mismos representantes legales en un recurso por actividad procesal defectuosa?

    Conviene mirar los manejos del Ministerio Público sabiendo que esto incide en lo político, cómo no. Basta recordar el contexto en que llegó Emilia Navas a ser Fiscala General en sustitución de Jorge Chavarría. Para ello aprovechamos el criterio del abogado penalista Gerardo Huertas.


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