Con todo y sus matices, distintas perspectivas y visiones, diversos sectores empresariales parecen coincidir en la necesidad de mantener el dedo puesto en el renglón respecto concretar un acuerdo de estabilización financiera con el FMI. Esto implica que en lo medular, hay un entendimiento de que ese eventual pacto -con todo y las prerrogativas de enmienda que tienen los diputados- debe ser aprobado en este año electoral. O, debería.
Claro que la tentación de mirar a otro lado es grande, sobre todo porque las decisiones que debemos adoptar implican un apretón de faja más fuerte que el que ya empieza a dejar ver sus efectos en la maniobrabilidad del día a día de algunas instituciones y tareas esenciales (Migración, Seguridad Pública, OIJ, MEP, MOPT), y por supuesto, en la odiosa materia de nuevos impuestos.
Por otro lado, los diálogos del último trimestre del año, dejaron al descubierto que el país requiere de mecanismos formales y permanentes de deliberación que vayan más allá de los temas puntuales. Estamos a la espera de que se concrete la puesta en marcha del Consejo Consultivo Económico Social (CCES) que aun cuando está creado formalmente todavía no opera pues los sectores no han concluido el proceso de nombramiento de delegados. Este último intento por contar con una instancia multisectorial permanente de encuentro podría servir no solo como catalizador de demandas sino como un verdadero generador de iniciativas de política pública. Siempre y cuando exista verdadera buena intención de -por fin- ponerlo a andar.
Mientras tanto, los sectores empresariales continúan intentando incidir, juntos o por separado, en la agenda política del país en las cruciales semanas que se avecinan para definir si iremos o no a un acuerdo con el Fondo Monetario, como lo propuso el Poder Ejecutivo. Al respecto conversamos con los líderes empresariales Mónica Segnini, presidenta del Consejo de Competitividad y Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias y vicepresidente de la Unión de Cámaras.
