Las “formas” de expresión de la protesta social en el país se han tornado cada vez más confrontativas y los gobiernos de Laura Chinchilla y de Carlos Alvarado han sido los más signados por paros, huelgas y bloqueos. Si bien es cierto la pandemia generó una especie de tregua, eso, como ya sabemos, no duró más que lo que tardó el temor inicial del impacto del arribo del SARS-CoV-2. Por ventura, el sistema político reaccionó con rapidez ante la emergencia, y ello es meritorio porque el Ejecutivo navegó sin necesidad de recurrir al gobierno por decreto pese a su debilidad política y porque el Congreso actual -considerado atípico- produjo leyes buenas y pertinentes. Estas son algunas de las conclusiones que emanan del capítulo de Fortalecimiento Democrático del último informe del Estado de la Nación.
Otro capítulo interesantísimo del amplio documento versa sobre “la ya insostenible situación ambiental del país por los impactos negativos acumulados en el uso de los recursos naturales y territoriales y los problemas para hacer frente a los distintos escenarios multirriesgos en el área ambiental”.
Varias conclusiones alarmantes: por ejemplo, uno de cada cuatro metros cuadrados construidos en el país están ubicados en zonas de alta vulnerabilidad. Además, San José, Alajuela, Golfito, Puntarenas y San Carlos son los cantones con una mayor incidencia de desastres en los últimos 50 años y también los que han tenido más alta presencia de contagios por covid 19. Un 78 % del área construida en el país no está cubierto por planes de ordenamiento territorial y un 38 % de todas las construcciones del país están en zonas de alta frecuencia de desastres por eventos naturales en el período 2010-2019
La buena noticia es que la emisión de contaminantes de la flota vehicular señala que se han contenido los gases que afectan la salud humana, pero no así los que afectan el calentamiento global. De esto y más conversamos en con Karen Chacón y Ronald Alfaro, investigadores del Estado de la Nación.
