Algunos señores diputados, sin medir el factor de sensibilidad que entraña el hecho de que están estrenando (por fin) edificio en media pandemia y en plena congoja fiscal, tuvieron la determinación en la Comisión de Hacendarios de entrarle con hacha al ya limitado proyecto de presupuesto ordinario del próximo año. Saltaron, entre otros, los ministerios de Cultura, Desarrollo Humano e Inclusión Social, Seguridad Pública y hasta el Tribunal Supremo de Elecciones. Los del PLN acusaron a los del PAC de no tener verdadera intención de recortar el gasto público, cuestión un poco a contrapelo de las ganas que la misma oposición le lleva a exonerar la mitad del pago del marchamo, lo que objeta hasta la Contraloría.
El caso es que frente a la amenaza de la tijera, Hacienda salió al paso para rogarle a los legisladores contener los ímpetus, prometiéndoles que pese a que el presupuesto 2021 es menor en más de un 1% del PIB respecto del que está en ejecución, enviará en enero un extraordinario con disminución de 150 mil millones, con tal que ahora no se recorten sin criterio técnico partidas que “afectarían el normal funcionamiento de los servicios públicos que provee el estado” y, agregamos nosotros, pondrían una chispa más en el convulso panorama de la calle. Tanto que la ANEP anuncio que dado que no se puede entrar a la Asamblea Legislativa irán de visita “a las casas de los diputados recortistas para hacerles ver su explosivo error”. La amenaza como se lee, es muy explícita.
Eso, o la promesa del Ministro de Hacienda, o la certeza de que vienen otros recortes más severos en el acuerdo de salvamento fiscal, probablemente le den respiro al plan del gasto del año entrante. Lo sabremos pronto.
Así como es de inentendible el panorama en la nueva casa de Cuesta de Moras, es de incomprensible la lectura de la encuesta “Percepciones del costarricense sobre las manifestaciones y los bloqueos” (Enfoques Estudios de Opinión S.A. Oct 2020) que en una apretadísima síntesis, resumiríamos así: la gente no apoya los bloqueos (88%), aunque cree que los manifestantes sí tienen derecho a bloquear si el gobierno no los escucha (51%). La ciudadanía está dividida respecto de sí el gobierno debe negociar o no con manifestantes que hacen bloqueos, aunque definitivamente están de acuerdo que en este momento se necesita autoridad y orden para mantener la paz (80%) pero vuelve a dividirse en dos cuando le preguntan si el gobierno debe ordenar a la fuerza pública levantar los bloqueos (48% y 47%). En lo que si pareciera haber más acuerdo tristemente es que todo lo que sucede en cuanto a manifestaciones y bloqueos es culpa del Presidente, el Ministro de Seguridad, los diputados, la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía, las iglesias, los partidos políticos, los sindicatos y la empresa privada. Más claridad hay respecto de la necesidad de un acuerdo con el FMI, la necesidad de reducir el gasto del estado y reducir los salarios de los empleados públicos, sin proceder con despidos. Tampoco hay aval para el cierre o venta de instituciones.
Los resultados no deben sorprendernos: somos un ramillete variopinto de opiniones y contradicciones del que resultará (nos vamos convenciendo) imposible un mínimo de acuerdos para solucionar un mínimo de la inmensa gama de problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan. Trataremos en Hablando Claro de desentrañar algo de este nudo con el politólogo Gustavo Araya.
