Un viejo adagio reza que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Ojalá este no sea el caso, porque el infierno sería una crisis de enorme impacto en el 21-22 provocada por la incapacidad de hacer un cronograma de acuerdos mínimos para enderezar la nave fiscal.
En todo caso, por lo pronto, en estos escasos 4 días que distan para llegar a la instalación de la mesa de diálogo (si es que llegamos ahí) ya podemos adelantar cuál será la magnitud del desafío. Si por la víspera se saca el día, ya retumban las inconformidades por la forma en que el árbitro (el facilitador del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel) definió los parámetros de gestión. Unos reclaman no haber sido invitados, otros querían más espacios de los asignados y hay hasta quienes reclaman derecho al veto, lo que de entrada aniquilaría cualquier posibilidad de llegar a un solo entendimiento.
Un ejemplo de discordia interna -aunque de ningún modo particular, sino espejo de la división en todo gremio, partido y sindicato- vive en las últimas horas la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP. A su recién estrenado presidente José Alvaro Jenkins, conocido como un hombre accesible y moderado, le ha costado horas intensas de diálogo interno sostener las riendas del liderazgo porque algunos de los suyos han intentado con una y varias razones descarrilar el llamado al acercamiento hecho por los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo.
Mientras los bloqueos se siguen concentrando ahora en la zona sur y este miércoles habrá (si, de nuevo) marcha de indignados en la capital, sigue latente la amenaza de volver a empantanar con nuevos cierres otras vías vitales del país.
Contundente en este sentido resulta el voto unánime de la Sala IV que este martes condenó al Poder Ejecutivo por no levantar los bloqueos con medidas proporcionadas y efectivas. Según el alto Tribunal, los taponamientos constituyen una deformación de la naturaleza de las manifestaciones concebidas originalmente como ejercicio de libertad de expresión y de reunión, lo que no admite nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco vasta jurisprudencia internacional. Aunque a decir verdad el tema no es solo de legalidad sino también sociopolítico, veremos cómo influye la resolución judicial en el accionar del Ejecutivo.
Así que de acuerdos para acordar dialogar y de convulsión social conversamos con el presidente de UCCAEP José Álvaro Jenkins y con el comunicador e investigador social Carlos Sandoval García.
