24 horas después que el mandatario Carlos Alvarado anunciara el retiro de la polémica propuesta de negociación para un acuerdo con el FMI y abriera una oferta de diálogo, la misma Presidencia de la República daba el parte de bloqueos al finalizar el lunes: 57 puntos permanecían cerrados por unas 2.500 personas, como si la exigencia principal del movimiento siguiera vigente.
Esto quiere decir que el movimiento del Ejecutivo no tuvo efecto inmediato y que, a juzgar por la carta de exigencias enviada por los voceros de los manifestantes mediante los obispos católicos, tardará más tiempo del que se pueda imaginar; exigen que el gobierno permita los bloqueos que ellos deseen mantener hasta que no se firme un acuerdo bilateral, sin mención alguna a otros sectores. En paralelo, sindicatos de salud anunciaron también acciones de movilización para impedir -según ellos- la “privatización” de la CCSS.
Y esto quiere decir algo más: el diálogo no ha empezado, el conflicto sigue abierto mientras al deterioro de las finanzas públicas se le suma algún ingrediente más porque, claro, desde fuera están viendo en vivo nuestros desacuerdos políticos y los bonos de Costa Rica hoy valen en los mercados internacionales menos de lo que valían el fin de semana.
El Gobierno está débil como siempre y con reducidos canales de comunicación mientras sigue haciendo ruido el silencio de sectores y actores que difícilmente aceptarían salir en la fotografía con los dirigentes de las protestas. Los diputados estuvieron hoy ocupados en algo que tampoco es baladí y que mostró cuántas piruetas podemos hacerle a los procedimientos políticos, esta vez con la reelección del magistrado Fernando Cruz.
Hablamos de momentos que convocan a todos los sectores políticos, formales o no, y que exigen crear espacios porque los tradicionales no nos están quedando bien. Con Gustavo Araya en el análisis y con el diputado José María Villalta repasamos el momento y las opciones en nuestro Hablando Claro
