Como es ya habitual por parte del Ejecutivo, cada anuncio de propuesta gubernamental o proyecto de política pública se va adelantando -por canales oficiales o por vías de filtración- hasta que llega el día de confirmar adelantos o desmentir rumores.
Este jueves, oficialmente, la Administración Alvarado dará a conocer a la Asamblea Legislativa y la opinión pública, el borrador de sus intenciones para lograr un derrotero mínimo de estabilización de las apremiantes finanzas públicas y conseguir eventualmente el aval del Fondo Monetario Internacional para un empréstito de 2,250 millones de dólares.
En principio pareciera (recuérdese que no es aún oficial) tratarse de un borrador de pretensiones modestas: aumentos en renta a empresas y personas físicas, gravamen a transacciones bancarias del orden de 3,000 colones por cada millón de colones, un fuerte incremento (del 0.25% al 0.75%) a la propiedad de bienes inmuebles y el tan postergado impuesto a los excedentes de las grandes cooperativas; probablemente (aún no se conocen pormenores) a las que tengan excedentes superiores a los 250 millones de colones anuales.
Otros anuncios que no serían sorprendentes pretenderían la eliminación de pluses salariales, el establecimiento de impuesto al hasta hoy exento salario escolar que reciben los empleados públicos, así como la venta de BICSA y FANAL.
Si novedosa sería la disminución de las cargas sociales patronales por el orden del 5% correspondiente al financiamiento de FODESAF que tras tantas décadas de existencia -y de acuerdo con la información anticipada por el diario La Nación- al eliminarse sería asumida por el propio erario público.
De estos adelantos y en la antesala de la formalización de una discusión nacional amplia y a no dudarlo candente, conversamos en Hablando Claro con el exministro de Hacienda Fernando Herrero, quien por cierto, forma parte de un grupo de 66 profesionales que recientemente urgió al Poder Ejecutivo a aprovechar la coyuntura reformista para avanzar, a pesar de la negativa reciente, en un nuevo esquema de comercialización del arroz en beneficio de los consumidores.
