El sinnúmero de traspiés de la titular de la Defensoría de los Habitantes la ha convertido en la protagonista de una novela interminable de desencuentros internos y externos (con sus colaboradores, con diversas organizaciones de la sociedad civil, con otras instituciones y hasta con sus superiores). Es así como la Defensoría transita por una evidente y penosa ruptura de la gestión institucional que resultó ya imposible de ocultar.
En su día, Catalina Crespo Sancho superó con creces los requisitos formales para convertirse en cabeza de la Magistratura de Influencia más importante del sistema institucional de promoción, defensa y protección de Derechos Humanos del país. También lógicamente obtuvo el respaldo político para concretar una aspiración que le permitió reinsertarse laboralmente en Costa Rica luego de vivir varios años en los Estados Unidos.
Su nombramiento en diciembre de 2018, fue abiertamente impulsado por Rodolfo Piza excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana y exministro de la Presidencia del gobierno de Carlos Alvarado, cuya fracción no avaló su postulación, particularmente por la posición conservadora de las tesis de la entonces aspirante.
Lo cierto es que tras muchos meses de beneficio de la duda, los tropiezos de la gestión de Crespo se fueron haciendo cada vez más evidentes y con ello el agotamiento de su espacio político, al punto que en junio pasado el presidente del Congreso Eduardo Cruickshank le pidió públicamente en #HablandoClaro que dimitiera, para no obligarlo a conformar una comisión legislativa que dirimiera su posible destitución.
Hoy está claro que la señora Crespo no está dispuesta a renunciar. Por el contrario, ha pretendido argumentar hasta una inexistente inmunidad para mantenerse en la silla. Y claro, finalmente el presidente del Parlamento debió anunciar esta semana la integración de la comisión que en privado recomendará si procede o no la remoción.
Los integrantes del Consejo de Directores de la Defensoría y una gran cantidad de otros funcionarios han pedido su salida y como si ello fuera poco, 138 organizaciones y líderes de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento pidiendo también su retiro.
A la Defensora Crespo se le señala de autócrata y arbitraria. En otras palabras, de ser la negación completa de lo que debe representar. Pero ella argumenta que si se le separa del cargo, el país estaría vulnerando acuerdos internacionales. Con un razonamiento así, ni la Asamblea Legislativa que la nombró en el puesto, tendría potestad de hacerla dimitir.
Llego la hora de romper todos los silencios. En Hablando Claro, las experimentadas directoras departamentales de la Defensoría de los Habitantes, Kattia Rodríguez y Jeannette Carrillo nos explican por qué doña Catalina Crespo no puede seguir conduciendo la institución.
