En río revuelto…
En medio de las premuras y necesidades inacabables de equipos de protección para asegurar al personal sanitario del país, la Gerencia de Logística de la Caja Costarricense del Seguro Social adjudicó a dos pequeñas empresas neófitas en la materia, la adquisición de 7 y 5 millones de unidades de mascarillas en dos procesos de compra directa.
El caso fue dado a conocer por el periódico La Nación este martes y abrió no pocas interrogantes.
La cuestión es que se adjudicaron las compras de 12 millones de mascarillas al contador David Landergren Castro (7 millones de unidades por $2,1 millones) y a una empresa de comunicación política llamada MR Comunicaciones Políticas (5 millones por $1,9 millones). La empresa en cuestión no cumplió con su cometido y ahora la Caja corre comprando por otro lado las mascarillas que la periodista española radicada en Costa Rica Miren Martínez (dueña de la firma) no pudo suplir, a pesar de haberse comprometido a traer un cargamento que según sabemos, quedó incautado en un puerto español. Es decir, la compra de la Caja vía la periodista se malogró. Cierto es que la institución no perdió dineros con este traspié, pero aun así la auditoría interna (que de acuerdo con don Román Macaya es la más poderosa de cualquier entidad del país) realiza una investigación que impondrá sanciones y multas por el fiasco.
Mientras tanto, la adjudicación al contador David Landergren Castro, sí prosperó aunque con atrasos. Es decir, una parte menor de lo comprometido ya llegó al país y el resto, se supone, lo entregara antes de acabar el mes.
Es la segunda vez en la pandemia que la institución aseguradora tiene problemas con el aprovisionamiento de mascarillas pues ya había adquirido un pequeño lote de 700 mil unidades que no cumplían el requisito de uso médico, lo cual resultó en una torpeza -para calificarlo de algún modo- pues justamente ese es el uso requerido.
La Caja lleva adelanta centenares de procedimientos de compra de equipos, materiales e insumos de todo tipo y es cierto que este podría considerarse un lunar en el mantel. Pero no es posible menospreciarlo con ese razonamiento, porque cada dólar invertido debe estar plenamente justificado y porque nada debe poner en entredicho la credibilidad de la seguridad social. Por eso, además de la Auditoría interna, otros órganos de control observarán el desenlace de la compra de estas mascarillas de protección, incluyendo a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y no sería nada extraño que también al Ministerio Público. Con Luis Fernando Porras, Gerente de Logística de la CCSS, abordamos este tema en Hablando Claro.
