Este jueves se cumplen cinco meses exactos desde que Costa Rica registró su primer caso de Covid-19. Cinco meses larguísimos y complejos que han puesto bajo presión al sistema de salud, al engranaje de la atención social y a la economía nacional.
No es nada exclusivo en el mundo. La pandemia ha azotado a casi todos los países en sus propias circunstancias y Costa Rica tiene las suyas; entre las que sobresale la flaqueza fiscal y la desigualdad creciente. Factores de riesgo económicos, diríamos en los términos del momento.
Entonces surgen los pulsos, las críticas, los enojos y las propuestas desde distintas posiciones que solo a veces se atienen al realismo o al bien común. Hablamos –ahora en emergencia- de impuestos, de recortes públicos, de salvavidas financieros, de reducciones salariales y de endeudamientos urgentes.
Una de esas propuestas llegó al presidente Alvarado de manos de figuras variadas que abogan por la “solidaridad nacional” en forma de aumento en el impuesto de renta a quienes más ganan, independientemente de si trabajan en el sector público y privado.
Es lo que no quiere otro sector que más bien aboga por una “reactivación económica” libre de tributos adicionales en las empresas, más bien estimuladas por el Estado para generar pronto empleos y, por tanto, ingresos a las familias. En medio hay muchos puntos que ameritan debate.
El mandatario ha dicho que está abierto a las posibilidades, sin que se descarte tampoco como opción última modificaciones al IVA y sin que parezca aceptable en Zapote la posibilidad de renunciar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El abanico está abierto y el rancho ardiendo. La discusión es necesaria y las acciones deben ser urgentes. Entramos al tema con el economista Fernando Rodríguez, uno de los firmantes de la propuesta.
