El Ejecutivo toca la puerta por segunda vez al Congreso para lograr recursos frescos con que sustentar los Bonos Proteger, trasladar recursos que le adeuda a la Caja del Seguro Social, colocar nuevas pensiones del régimen de no contributivo y obtener la autorización de empréstitos internacionales que entre otros objetivos–permitirían canjear deuda cara por deuda menos onerosa; (algo que hacemos todos cuando vamos a un banco a readecuar nuestras cargas para lograr un poco de desahogo, que es precisamente lo que necesitan las agobiadas finanzas públicas).
Para obtener el aval de un Congreso con clara disonancias -pero con capacidad probada de aprobación de proyectos país- el gobierno ofrece reducciones de gasto público por el orden de 457, 674 millones de colones. Obviamente más que los inicialmente anunciados 355 mil millones.
De acuerdo con el plan presentado, casi 130 mil millones se obtendrían de una disminución del 15% de jornadas laborales por un año para 35 mil funcionarios del sector público con salarios brutos mensuales superiores a 1.5 millones. La propuesta excluye eso sí a todos los trabajadores que están en primera línea de atención de la pandemia.
El otro gran rubro de freno al gasto implica recortes por casi 327,974 millones de colones. De este monto, casi 53 mil millones se obtienen por rebajas de destinos específicos dada la caída de los ingresos tributarios y el grueso (275 mil millones) se logran por recortes netos al presupuesto en ejecución (2020).
¿Cuál es el margen de maniobra del Ejecutivo para esperar por estas aprobaciones legislativas? ¿Cuál será la ruta de la negociación política? ¿Tienen claro los señores diputados el sentido de urgencia que reviste la situación de las finanzas públicas en el entorno de la pandemia? Lo abordamos con el ministro de Hacienda Elián Villegas.
