Una decisión salomónica de nuestra Sala Constitucional… Para entender el contexto del desatino del Congreso y la pretendida moción contra el matrimonio igualitario hay que remontarse dos años atrás.
La noche del 8 de agosto del 2018 tras una maratónica jornada de más de 12 horas de debate, la Sala Constitucional aceptó lo que le tocaba aceptar: su sujeción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (o mejor dicho, la sujeción del país) frente a la opinión consultiva que había emitido a finales del 2017 respecto de la necesidad de adaptar el marco normativo del país para hacerlo congruente con los signos de los tiempos y darle derechos iguales de identidad y matrimonio a personas sexualmente diversas.
Lo cierto es que llegar a esa aceptación no fue fácil. La Sala IV estaba dividida en criterio. Aunque seis de los siete magistrados aceptaban que era procedente la inconstitucionalidad de la norma que impedía el matrimonio igualitario y solo el presidente Fernando Castillo se oponía rotundamente a ello, no había acuerdo sobre el plazo que debía dársele a la sentencia.
Los magistrados Fernando Cruz y Nancy Hernández opinaban que debía ser inmediato, pero sus colegas Fernando Salazar y Paulino Hernández decían que mejor era que por tiempo indefinido se le trasladara la pelota a la Asamblea Legislativa para que adecuara el ordenamiento jurídico a las disposiciones de la CIDH. Por su parte, los magistrados Paul Rueda y Marta Castillo estimaban poner un plazo “suficiente” (es decir no indeterminado) para que la Asamblea Legislativa adoptara las reformas para hacer vigente el matrimonio igualitario. En realidad tales plazos no eran necesarios jurídicamente hablando, pero políticamente parecía que sí. Así lo estimaban 4 magistrados.
Encallados en aquel punto por tantas horas, para salir del entuerto Cruz y Hernández tuvieron que ceder ante la postura de Rueda y Esquivel con lo cual 4 magistrados, es decir mayoría, terminaron por negociar 18 meses para que el Congreso legislara a favor del matrimonio igualitario. No para que lo objetara, lo rechazara o lo impidiera, sino para que lo incorporara en el ordenamiento jurídico.
Tal cosa por supuesto no pasó. Por el contrario en algún momento el grupo duro de los congresistas conservadores pensó posible volver sobre las sociedades de convivencia y no tuvo éxito. Hubo también otros intentos. Igualmente fracasados.
Ahora, tras los fragores del 1° de mayo y sin poder siquiera curar las heridas de la batalla anual legislativa, 26 de ellos intentaron sin éxito volver a plantear el tema en la mesa con una moción que pretendía pedirle a la Sala Constitucional que ampliara el plazo de 18 meses a quien sabe cuánto tiempo más. El resto es historia. Pero hay que repasarla y lo hacemos con el especialista en Derecho Constitucional Marvin Carvajal y la experta en Derechos Humanos Soraya Long.
