El Gobierno enfrenta una de esas crisis que se le recordarán en el futuro, y no por buenas razones. Se trata de las repercusiones de intentar crear formalmente una unidad presidencial de análisis de bases de datos (UPAD) para asesorar al mandatario, mediante un decreto que le confería también un poder de manejo de información confidencial de los ciudadanos.
Decimos “confería” porque el decreto se derogó apenas se publicó el viernes en La Gaceta. La Presidencia percibió la explosión de reacciones políticas en pocas horas y no logró explicar los por qué de la UPAD y sus potestades, por lo cual optó por dar marcha atrás y medio intentar explicarlo (ahora sí).
El incendio, sin embargo, no se apagó sofocando el fósforo que lo provocó. Ahora crepitan las críticas, las dudas razonables, las especulaciones, los temores genuinos, las desconfianzas de origen y, cómo no, las oportunidades para que también otros sectores lleven agua a sus molinos. Y la discusión de otros temas de fondo ahí esperando, en medio de la humarada, complicándose más.
Es todo un caso para estudio, aunque aún está en desarrollo. La agenda del Presidente Alvarado este lunes estará dedicada al asunto y a la necesidad de rendir cuentas ante la opinión pública, la Defensoría de los Habitantes y los opositores políticos que preparan acciones de repudio en la Asamblea Legislativa.
Sin caer en la liviandad de considerarlo “un simple error de comunicación” ni en las formas hiperbólicas de decirle “decreto nazi-soviético”, como creativamente lo calificó el presidente del PLN, dedicamos nuestro Hablando Claro a desmenuzar el tema, que tiene muchas aristas porque no se circunscribe al solo hecho puntual de la fallida UPAD, sino que muestra un acumulado de emociones sociales. El análisis lo hacemos con el politólogo y analista Alejandro Barahona.
