Si por la víspera se saca el día, y un tribunal local costarricense determinó ya que no hubo fundamento científico ni jurídico que respaldara la decisión de prohibir en el 2015 la importación de aguacate mexicano, podríamos advertir el inminente riesgo de que la Organización Mundial de Comercio arribe a conclusiones similares. O peores.
En efecto, antes de que finalice el año podríamos salir condenados globalmente por el embrollo que significó en nuestras relaciones comerciales con México la entonces sorpresiva decisión de impedirnos seguir consumiendo la “fruta prohibida”.
Lo del aguacate es de antología. No porque sirviera en nuestro pequeño entorno costarricense para hacer mofa y construir una política pública de aliento a la producción local a partir de la prohibición de sus exportaciones, sino porque se convirtió en un factor más de polarización social y política. Pero claro, con muchas consecuencias económicas.
Y es que el aguacate es un negocio multimillonario. Es una de las delicatessen del mundo de hoy. Es un producto exótico cuyo consumo asciende como la espuma y que trenza intereses gigantescos de muy diversa naturaleza. Por eso se entiende que la administración actual haya lanzado el Plan Nacional del Aguacate con el que se pretende llegar a cubrir con producción local toda la demanda interna y hacer soñar a nuestros productores con la anhelada internacionalización, algún día, del Hass tico. ¿Sería eso posible?
Acerca de las implicaciones de este intrincado de política pública aguacatera, en Hablando Claro conversamos con el abogado Ronald Saborío Soto, ex embajador costarricense ante la Organización Mundial de Comercio.
