No fue para nada sencillo. Pero el camino se va despejando. El Poder Judicial, reticente en extremo a la aplicación de normas de racionalidad respecto de su gasto parece, ahora sí, determinado a ajustarse al ordenamiento del esquema salarial único que pretende el país y a la realidad de las endebles finanzas del Estado.
En estos días, los integrantes de Corte Plena (el órgano colegiado de los 22 magistrados del Poder Judicial) resolvieron -léase bien- por unanimidad iniciar el proceso de adecuación de los salarios de sus 12,500 funcionarios del oneroso y caótico esquema de pluses, al más moderno y ordenado esquema de salario global.
La tarea no será sencilla. Una comisión del propio Poder Judicial deberá elaborar la propuesta en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN. Eso sí, advirtió el Presidente de la Corte, "considerando las particularidades de su condición de poder de la República".
En el fondo, parece deslizarse una aceptación a regañadientes. Pero aceptación al fin a la sujeción al imperio de la ley. La Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas aprobada el año pasado ha sufrido ataques de diferentes instituciones o sectores, pero tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República, han señalado una y otra vez que debe ser acatada por todos. Y lo mismo se esperaría de la misma Sala Constitucional. Con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, conversamos en Hablando Claro.
