Fotografía: La República
El punto de inflexión resultó ser la huelga de tres meses del 2018. Por supuesto, hicieron lo suyo los arbitrarios y ya consabidos bloqueos y también, la muy reciente huelga de médicos y especialistas de la Caja. Todo conformó la tormenta que habría de desembocar en la aprobación en primer debate de la nueva ley que brindará seguridad jurídica sobre las maneras de hacer huelgas de ahora en adelante. Es decir, a partir de que termine el trámite y el proyecto sea Ley de la República. Porque este capítulo aún no está sellado.
Pero como suele suceder, pagan justos por pecadores. Los justos son los pobres asalariados, por ejemplo, de fincas agrícolas que ya de por sí tienen condiciones vulnerables frente a algunos patronos, pero que ahora, si tomaran valor para protestar en huelga, tendrían que buscar financiamiento previo. Por lo menos hasta que un juez determinara la legalidad de su movimiento y les tuvieran que resarcir el salario. Ese es el eslabón débil de la cadena. El que no está en ciertos escenarios de la función pública.
El otro, el fuerte, es el los sindicatos públicos que erraron en sus estrategias, hincaron al país una y otra vez, sin pensar en las consecuencias y terminaron por dispararse en los pies. De modo que la práctica idiosincrática de dejarles hacer encontró freno; ahora habrá una detallada categorización de servicios públicos esenciales en los que no podrán detenerse las tareas, como los neurálgicos centros de salud, y los trascendentales y estratégicos en los que se podrá “holgar”, pero con condiciones.
Ahora bien, el verdadero requisito para ir a huelga en el futuro no será esa categorización. La nueva realidad es que sin trabajo no habrá salario. Punto. Se acabarán entonces las eternas huelgas en educación, con maestros de viaje y estudiantes fuera de las aulas. Y eso es realmente lo que se celebra respecto de este proyecto. Junto con la determinación, claro está, de que no volvamos a tener pacientes secuestrados y enfermos angustiados. Con el artífice de la negociación política que desembocó en este (aún incierto pero encaminado) proyecto de ley, el presidente del Congreso Carlos Ricardo Benavides, conversamos en Hablando Claro.
