Existe una fuerte corriente de apoyo político para aprobar -más temprano que tarde- una ley de extinción de dominio que trunque de manera efectiva los poderes económicos del crimen organizado en sus diversas manifestaciones.
En principio nadie podría estar en desacuerdo en cortarle las capacidades de poder destructivo a la delincuencia; que sin límite alguno compra conciencias y destruye instituciones.
Pero hay también oposiciones y dado que hemos vivido ya las consecuencias de leyes malas que fueron inspiradas en nobles propósitos, no está de más prestar atención.
Probablemente pagar el precio que significaría invertir la carga de la prueba es la mayor preocupación, aunque no la única.
¿Estado armado de herramientas modernas de lucha contra el crimen organizado o estado policial? ¿Donde encontrar el justo medio?. Con el abogado penalista Gerardo Huertas Angulo, conversamos en Hablando Claro de un tema muy polémico.
