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Tras casi dos semanas de una huelga que cobró un alto precio de legitimidad a los funcionarios (y consecuentemente al Poder Judicial como institución) este lunes al final del día se suspendió el movimiento que paradójicamente ha pretendido impedir la aprobación de un proyecto de ley que asegure la subsistencia del régimen de pensiones de este poder de la República.
La mayoría de gremios acordó suspender la huelga con la pretensión de que el Poder Ejecutivo se comprometa a no convocar a sesiones extraordinarias la reforma dictaminada la semana anterior por la comisión legislativa Especial de Pensiones y en su lugar se someta a aprobación un proyecto propio de los sindicatos y la Corte Plena.
Pero la solución está lejos de vislumbrarse aún.
No sólo porque la Asamblea Legislativa no podría actuar como convidado de piedra en la deliberación de un asunto de su competencia. No sólo porque está por verse si el Presidente de la República querrá asumir papel protagónico en la pugna. También porque este mismo lunes un sector disidente de los trabajadores judiciales llamó a desconocer la suspensión del movimiento.
Del confuso fin "temporal" de ésta huelga y de las expectativas de lograr un consenso político con sostenibilidad financiera para este régimen de pensiones, conversamos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Chinchilla y con Ronald Segura, Presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales (ACOFI) en Hablando Claro.
