La violencia homicida que provoca la delincuencia criminal organizada y particularmente el narco, no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. En el 2023 la mitad de los asesinatos se concentró en 27 distritos que presentaron más de 10 muertes violentas, aunque hubo ajusticiamientos en una gran mayoría pues del total de 478 solo 265 salieron ilesos, es decir sin ese tipo de ejecuciones en las que 7 de cada 10 fueron contra miembros de otras organizaciones delictivas.
Esa cifra incluye las lamentables víctimas que no tenían relación alguna con la actividad. La dinámica de estas muertes ha variado en los últimos años, tanto por su desmedido aumento como por un patrón territorial que se extendió a otras zonas que antes no estaban afectadas.
El XXX Informe del Estado de La Nación, en su capítulo especial de este año sobre Seguridad, identifica variables socioeconómicas que sin ser concluyentes, tienen relación con lo que sucede en los cantones más calientes que son los que tienen más bajo desarrollo humano, menor promedio de personas aseguradas a la CCSS, hogares en asentamientos informales, personas jóvenes que contrata el crimen como sicarios, hogares con jefaturas femeninas y bajos niveles educativos.
Peor aún , así como la presencia territorial de la violencia delictiva es detectable claramente en zonas tradicionalmente rezagadas y eso tiene impacto en el desarrollo humano, también se convierte en un doble castigo , pues esa mayor actividad delictiva propicia un desplazamiento de la actividad económica legítima y por ende , un incremento de las brechas territoriales.
Para aportar más elementos a este fenómeno conversamos con Evelyn Villarreal coordinadora del capítulo y con Mauricio Viera especialista en combate al crimen organizado y prevención del comercio ilícito, de la Universidad para la Paz .
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