Las ramificaciones de la tala y extracción de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se extienden mucho más allá de los límites del cantón limonense de Talamanca, llegando hasta la sede del Gobierno central en Zapote.
Sus implicaciones ya tienen expediente de investigación, personas detenidas y una copiosa serie de hechos y evidencias.
La fuerza del caso golpea a quienes han querido minimizar responsabilidades que van más allá del principal implicado, el empresario Allan Pacheco Dent y su empresa Playa Manzanillo, SA. Las raíces llegan al Ministerio de Ambiente y Energía y al hoy cuestionado Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC.
La Fiscalía Ambiental allanó la Municipalidad de Talamanca, debido a una aparente entrega anómala de aprovechamiento forestal, en una zona que desde el año 2019 la Sala IV había determinado era inconstitucional delegarla a manos privadas, pues se trataba (y se trata) de terrenos que son parte del patrimonio natural del estado. Al no cumplirse con la orden de delimitación del refugio (SINAC e INDER)
se habría concretado el ilícito de cambio de uso de suelo en áreas de bosque y humedales.
Y como si todo esto no fuera suficiente, la trama se complicó más por las relaciones cercanas de Pacheco Dent con el mandatario Chaves Robles que han llevado a establecer muchas visitas a Casa Presidencial, celebración de fiestas en una propiedad familiar del empresario y actividades de entrenamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), unidad policial de fuerzas especiales adscritas al Ministerio de la Presidencia. Aún hoy, el mandatario sigue defendiendo los permisos otorgados por el gobierno para la tala.
Para ahondar en la materia conversamos con el diputado Ariel Robles Barrantes quien lidera el control político del caso.
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