La iniciativa de construir una cárcel con carpas nos asaltó de repente. De tan inusual idea (no existe que sepamos en el mundo, al menos en el mundo desarrollado, una cárcel así), se conocen solo algunos ribetes, no las costuras del proyecto, que nos ayuden a comprender su posible viabilidad.
Claramente, unas carpas no resolverían el problema de hacinamiento carcelario, que dicho sea de paso no sabemos a ciencia cierta de cuánto es.
Lo cierto es que el gobierno tenía un camino de varias semanas recorrido en esto.
Hoy sabemos, a partir de la destitución del ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, que una delegación de una empresa española estuvo en la sede ministerial presentando la eventual “solución”.
Sabemos también por información documentada del diario La Nación, que el Ministro Gerarld Campos y la Viceministra Carolina Castro viajaron a España a ver modelos carcelarios sí, pero no de carpas, sino de los habituales de concreto y cemento. Pero también le devolvieron la visita a los empresarios en cuestión (la compañía se llama ARPA) en Zaragoza para, según le reportó Justicia a La Nación, “hacer un estudio de mercado para la contratación de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario”.
No se conocen mayores detalles de la oferta de estas denominadas soluciones móviles y campamentos modulares, tampoco del montaje, de los materiales de los toldos, de la ubicación que tendrían, ni de las sensibles condiciones de seguridad. Se desconoce asimismo el costo del entoldado, de los compromisos de mantenimiento, así como de todos los ajustes necesarios para poner en operación la iniciativa.
El presidente -que defiende el modelo- ha mencionado que se requieren más espacios carcelarios ante la eventual aprobación de la reforma a la ley de prisión preventiva y lo cierto es que todo parece indicar que a falta de planificación, surgió una salida a la carrera altamente cuestionable que ahora nos tiene en esta nueva discusión.
Para ampliar sobre el tema conversaremos con el ex ministro de Justicia, Fernando Ferraro y el ex director de Adaptación Social, experto en temas penitenciarios, Guillermo Arroyo.
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