Ecuador sufre y resiste dramáticos episodios de violencia, que enfrenta a los ciudadanos honestos, el Estado y sus instituciones al poder de los grupos criminales que dominan el gigantesco negocio del tráfico de estupefacientes que en pocos años ha ido apoderándose del país, como un cáncer extendido.
La crisis pone de relieve los enormes desafíos estructurales de la nación andina y el margen de maniobra que tiene, coyunturalmente, para manejarlos el joven presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace apenas dos meses para terminar el período inconcluso del gobierno de Guillermo Lasso.
La chispa que encendió la crisis de esta semana se originó, para sorpresa de nadie, en la lucha de las mafias a lo interno de los centros penitenciarios donde desarrollan cruentas batallas por el control de esos espacios. La extrema dificultad para la gestión carcelaria por parte de las autoridades derivó el domingo en la fuga de uno de los más importantes líderes mafiosos (Adolfo Macías alias Fito, jefe de Los Choneros) y ese fue el inicio de los ataques simultáneos sin precedentes que se han vivido en las últimas horas.
El mandatario Noboa declaró el lunes un estado de emergencia de 60 días -recurso usado por su antecesor sin éxito-habilitando patrullas militares y un toque de queda nocturno nacional.
Y la impactante toma de las instalaciones de la televisión de Guayaquil el martes dio pie a un segundo decreto inédito para declarar un "conflicto armado interno" que califica a 20 organizaciones delictivas como terroristas. Los actos delincuenciales se perpetraron, además de la prensa, contra universidades, hospitales, estaciones policiales y en calles y barriadas de las principales ciudades.
Para comprender este complejo momento conversamos con Marco Méndez, actual director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien vivió durante su posgrado en el ecuador del mundo.
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