Dos recientes golpes a estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas no han hecho, sino confirmar los argumentos y los razonamientos de autoridades policiales y expertos acerca del inmenso poder que han alcanzado estas organizaciones en el país.
Se trata del denominado caso Corona, referido a una sofisticada banda que trasegaba cocaína líquida a Israel y Europa. El otro es el desmantelamiento de la primera organización de producción y distribución de fentanilo en Centroamérica.
La primera alerta es que son grupos criminales que trabajan con logística, organización, vínculos, recursos millonarios y acción delincuencial en Costa Rica. La segunda es que evidencian una sofisticación, avance y evolución de negocios ilícitos. La tercera tiene que ver con las relaciones que ostentan con autoridades de cierto nivel, con liderazgos territoriales y dentro de las instituciones del Estado.
Las grabaciones del caso Corona tienen a las fuerzas policiales y al Ministerio Público investigando los contactos que se le atribuyen al ex jerarca del INCOP, Braulio Venegas, de facilitar una reunión con funcionarios del INCOFER, para un posible negocio de administración de predios de almacenamiento para contenedores, así como los avances que intentaron con RACSA, para una posible participación en el establecimiento de escáneres en puertos y fronteras.
Tan grave como eso, son los intentos de esas estructuras criminales de dar seguimiento y apoyo a personas que estarían participando en las elecciones municipales.
Estos embates se dan en el marco de la malograda presentación de la política nacional de seguridad pública y de una nueva reunión a la que acudirán los presidentes de los tres poderes de la República, para intentar recomponer, una vez más, el clima enrarecido por las altisonantes manifestaciones del jefe del Ejecutivo.
Para conocer mayores detalles de esta compleja realidad conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos.
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