Costa Rica evidencia, cada vez con mayor acento, números rojos en una de las políticas públicas que le ha dado enorme brillo global: la materia ambiental y las acciones de descarbonización de la economía no están siendo congruentes con los esfuerzos históricos de la legislación y las consecuentes políticas públicas.
Es tan delicada la situación que a hoy tenemos más áreas protegidas, pero muy pocos recursos para defenderlas. Hay robusta legislación, pero con capacidad institucional disminuida. Se asumieron compromisos ejemplares para la descarbonización, pero se han tomado decisiones que evidencian retroceso en la matriz energética. Otro tema sensible tiene relación con mayor conocimiento acerca del riesgo por impactos naturales, pero mínimos avances en el ordenamiento territorial.
En la práctica, decisiones como la aprobación del aumento en la vida útil de la flotilla de transporte público contaminante, el descarrilamiento temporal del tren eléctrico para personas y para carga, las recurrentes intenciones de abrir la exploración y eventual extracción de gas natural y la lentísima respuesta a la recuperación en comunidades y sectores productivos debido a los impactos por eventos de cambio y variabilidad climática, nos ponen delante de un panorama poco halagador.
Y como si todo ello fuera poco, el país sigue teniendo una gran dependencia de derivados del petróleo. En los últimos once años registramos un crecimiento en las importaciones del 41%. Solo en el año 2022 se compraron 21,7 millones de barriles de petróleo, 1,2 millones de barriles más respecto del año anterior.
Para abrir el foco en un tema medular, con base en los resultados del Informe sobre el Estado de la Nación, conversamos con Karen Chacón, del equipo coordinador de este vigésimo noveno estudio.
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