Para enfrentar la peor ola de violencia y criminalidad que atraviesa Costa Rica, hay algo que es innegable. Esto es dotar de recursos económicos a los cuerpos policiales de manera urgente, la tarea se va realizando por partes, con algunos claroscuros, que deben ser evaluados.
Esta semana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 12 allanamientos en Chacarita, El Roble, barrio El Carmen y Barranca en Puntarenas, así como en San Ramón de Alajuela y Tamarindo, Guanacaste, para la detención de líderes de las bandas del sicario alias Gordo Ramos y otras conocidas como los Pikachu, los Chamorro y los Búhos.
Estas operaciones requieren de logística, de inteligencia y desplazamiento de agentes y equipos, que deben ser financiados con dineros, que como han sostenido los jefes policiales, merman y no son suficientes.
Para terminar las operaciones de este año, marcado como el más violento con 743 muertes asociadas al crimen organizado, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que exonera del pago del IVA a la Policía Judicial, lo cual le dotaría de ₡1.300 millones. Llama la atención que esta iniciativa no contó con los votos de 8 diputados de la bancada de gobierno y con la oposición del ministro de Hacienda.
Debe resolverse, ahora, una diferencia de procedimiento para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de trámite positivo al proyecto que le otorgará a los cuerpos policiales el total del impuesto de casas de lujo, lo cual aportaría alrededor de ₡18 mil millones y esperar la aprobación final del presupuesto del 2024, que asignaría ₡20 mil millones.
Para conocer cómo atenderá el OIJ los dos meses que faltan y cómo se prepara para el próximo año, conversaremos con su director, Randall Zúñiga.
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