Para poder dimensionar la ola de criminalidad y violencia que atraviesa el país, es necesario conocer y tratar de comprender aristas de la problemática que van más allá de las dramáticas cifras de homicidios y de la urgencia de dotar de mayores recursos a los cuerpos policiales.
Una serie de reportajes del Semanario Universidad colocan luz en datos y hechos relevantes del fenómeno y su impacto en el país. Hablamos de la abrupta caída este año en los decomisos de drogas, la disminución de capturas de personas vinculadas al narco, el crecimiento de las bandas criminarles que operan en el territorio nacional, las bajísimas cantidades de comisos (₡2 millones y $1.400) que son recursos que se trasladan a las policías.
Y obviamente, mientras eso sucede, la inseguridad crece: aumentan exponencialmente los asesinatos, crecen las denuncias por extorsiones y peajes en cinco de las siete provincias del país y registramos las cifras más bajas en inversión social en el país. Todo esto refrendado por la acongojante ausencia de una política pública de seguridad de la Administración Chaves Robles, que si bien el titular del ramo, Mario Zamora, prometió para fines de este mes, ahora se anuncia hasta para agosto del próximo año, según el cronograma de trabajo que presentó su colega de Justicia, Gerald Campos, a quien se le encomendó la tarea.
Para ampliar acerca de estos elementos del contexto conversamos con el colega Mario Bermúdez, autor de los artículos periodísticos.
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