El espejo que nos puso de frente el Noveno Informe sobre el Estado de la Educación, recientemente publicado, nos obliga a observar profundamente los desafíos estructurales, entre otras materias, de la macro evaluación; una asignación en la que llevamos mala calificación con muchas tareas pendientes.
Este importante componente carece de parámetros claros, respectó de qué, cómo y para qué se evalúa. Tampoco incorpora estándares internacionales para mejorar y mantiene al Ministerio de Educación como juez y parte en el proceso, sujeto siempre a los vaivenes de cambios políticos y no asegurados al timón de los criterios técnicos.
Una de las conclusiones es contundente: “Si consideramos todas las interrupciones en la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional a causa de las decisiones de las administraciones de turno, acumulamos cerca de dos décadas sin información alguna sobre qué aprendieron las personas estudiantes. Para la política pública, esto es un obstáculo de innovación y progreso, en general, para la mejora educativa”.
Por eso, entre otras propuestas, el EE apunta a la creación de una agencia de evaluación independiente, tal y como lo aconsejan hoy las mejores prácticas internacionales de macro evaluación educativa, como los hacen ya Chile, Perú, Uruguay y Colombia, solo por citar algunos países de nuestra región.
Para dar continuidad al análisis conversamos con Isabel Román, coordinadora del Noveno Informe y Katherine Barquero, investigadora.
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