En un país como el nuestro en el que la matriz para el consumo eléctrico está asegurada con fuentes renovables en un 99% (lo cual no sucede en muchas otras latitudes planetarias) el precio que más nos afecta en lo cotidiano, es el de los combustibles fósiles para mover el sistema de transportes (personas y mercancías) del cual absolutamente todos dependemos.
En este sentido, no es necesario explicarlo, la invasión de Rusia a Ucrania, que ya contabiliza tres largos meses, ha trastocado esos costos tanto como las cadenas de distribución, que ya venían afectadas por la pandemia, y la crisis alimentaria de granos. Crisis que se superponen unas sobre otras. Pero cómo de nada vale aquella vieja sentencia de “mal de muchos…”, todos (o digamos, muchos) estamos esperando alguna solución local al problemón mundial.
Hasta ahora, las propuestas de solución planteadas al problema de nuestra factura petrolera, son menores, cuando no irreales. Nos explicamos: algunas propuestas resultan paliativos, insuficientes para el costo de llenar el tanque (el precio actual y el que se anuncia obviamente mayor). A nadie le tranquiliza una rebaja de 50 colones en el litro de la gasolina y el diesel. La solución mágica (irreal) es la de aquellos que piensan que es tan fácil como la “voluntad política”. Así aparecen las propuestas de eliminar de cuajo el impuesto único a los combustibles; lo que -evidentemente- sí tendría un impacto significativo en el costo. Pero, ¿cómo hacer semejante rebaja, sin tener con qué suplir la insuficiencia de recursos que eso le generaría al erario público?
Aquí es donde se sitúan las diferencias que ponen de manifiesto la cruda realidad. ¿Existe acaso alguna fórmula viable para disminuir el precio de los combustibles de manera que sintamos un alivio verdadero, sin que su consecuencia sea desfinanciar obligaciones estatales de la hacienda pública? Se lo preguntamos a un experto independiente en la materia, el economista Pablo Sauma.
