Estamos en la campaña para la elección definitiva del gobierno que sucederá a la Administración Alvarado Quesada en menos de tres meses. Como todos sabemos bien, la educación es uno de los temas más sensibles de acometer -si no el que más- dada la profunda crisis del sistema. Algo que pensadores latinoamericanos como Moisés Naím califica como “la estafa educativa de América Latina”, como para darnos una idea de que se trata efectivamente de un problema gigantesco que afecta a todo el continente.
Pero seamos francos: la discusión político electoral del momento no transita para nada por las premuras educativas y menos aún por las soluciones concretas que habrán de implementarse; que no serán ni rápidas ni mágicas.
Los dos finalistas argumentan tener el tópico en su lista de prioridades, y bien podría ser así, pero lo cierto es que el curso lectivo 2022, será atravesado por un Ejecutivo que ya prácticamente cierra su ciclo y uno nuevo que tardará en el acomodo para tomar las riendas. Y un hecho incontrovertible es que debido a las obligaciones fiscales, los presupuestos públicos en ejecución este año (incluidos los de la educación) fueron reducidos. De ahí las maniobras para, por ejemplo, aumentar el tamaño de los grupos, con hasta 36 educandos por sección.
De la mano de la coordinadora del Estado de la Educación Isabel Román, repasamos las urgencias y prioridades para mejorar la calidad y los contenidos de la educación pública costarricense en el contexto de la crisis y la coyuntura de la transición gubernamental.
