El magistrado Luis Fernando Salazar fue reelecto para otros ocho años de mandato en una Corte Suprema de Justicia que atraviesa momentos delicados, donde el balance de poderes resulta crítico para asuntos mayúsculos, como la elección de la persona que dirigirá el Ministerio Público en estos tiempos donde la corrupción nos preocupa como hace tiempo no lo hacía.
Después de la salida de Emilia Navas por su conflicto de interés al ser pareja de un abogado del caso 'Cochinilla', la designación parece aún más relevante y se suma a los elementos delicados para un Poder Judicial que -bastión como es en nuestro sistema institucional- padece aún las consecuencias derivadas del "Cementazo" (2017) y evidencia también la reconfiguración política del país.
Porque eso es política también, más allá de los sistemas de puntajes que dan apariencia de objetividad y que derivan en una votación sin que ninguno de los 22 magistrados deba justificar por qué quiso a tal candidato para Fiscal General y no a otro. Algo similar a la manera en que a su vez los diputados los eligen a ellos, sabemos ya.
Por eso conviene apuntar la luz hacia el proceso de elección de la jefatura del Ministerio Público y para ello contamos con la colaboración de expertos reunidos en un panel independiente que monitorea, documenta y divulga lo que no siempre se refleja en las noticias del día. Con dos de sus integrantes, el sociólogo Manuel Solís Avendaño y la consultora y académica Sonia Navarro, detallamos y contextualizamos lo que ocurre en Corte.
