Fotografía: Katya Alvarado/ Semanario Universidad
Es solo una de las primeras repercusiones del caso “cochinilla”: el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, emitió este miércoles una orden de suspensión obligatoria para todas las contrataciones con las empresas que administran las tareas de conservación de la red vial en todo el territorio nacional a partir del próximo 30 de junio.
¿Qué implicaciones tienen esta y otras decisiones en curso?
Dado el golpe que constituye este entramado de corrupción por el aparente desvío de 78 mil millones de colones en poco más de dos años, probablemente no hemos podido aún dimensionar las consecuencias del caso en el corto y mediano plazo. Y no hablamos solo en cuanto a la pérdida de confianza de la sociedad en sus reservas éticas.
Nos referimos, particularmente a lo que significa para la reactivación económica y la generación (o el mero sostenimiento) de los empleos calificados y poco calificados vía construcción de infraestructura vial pública como uno de los motores de crecimiento de la economía. Más aún, en esta coyuntura especialmente delicada de las finanzas públicas y su restablecimiento en las condiciones pandémicas y post pandémicas.
Mientras el largo y lento brazo de la justicia acciona y los inevitables juegos político electorales empiezan a reclamar la dimisión del titular de Obras Públicas y Transportes, el Ing. Rodolfo Méndez Mata intenta sostener la gestión de una institución complejísima que ya daba muestras de abolladuras importantes, pero que debe seguir operando.
“Vamos a pasar unos momentos difíciles, el estado costarricense tendrá que desarrollar procedimientos completamente distintos para garantizar la conservación de la red vial nacional, pero los vamos a encontrar, no vamos a permitir seguir siendo objeto de los problemas que han sido revelados por estas investigaciones del Ministerio Público”. Conversamos en Hablando Claro con el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata.
