Se nos quedaba en el tintero y no podía ser…
La semana pasada entró en vigencia el denominado "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe". Un nombre muy elaborado que casi nadie conoce, pero que tal vez, a algunos les suene si les decimos que se trata del “Acuerdo de Escazú”.
¿Por qué el alboroto y por qué tanto disenso en torno a un “desacuerdo” para aprobar en la Asamblea Legislativa un sencillo protocolo de respeto a derechos humanos en un país tradicionalmente abanderado de la promoción y defensa de los Derechos Humanos?
La verdad el Acuerdo de Escazú, negociado por más años de los que probablemente alguien hubiera pensado que eran necesarios (llevo 5) es el resultado nada más y nada menos que de negociaciones apadrinadas por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Es decir, de entrada no pareciera ser un instrumento perverso de conculcación de los derechos de nadie, sino todo lo contrario.
Lo cierto es que Chile y Costa Rica (bajo el gobierno anterior y bajo este también) fueron protagonistas del protocolo que deviene en un enunciado de defensa de los derechos y lo extraño e incomprensible es que el Acuerdo de Escazú (que se suscribió desde el 2018), se demonizó
Varias cámaras empresariales salieron en días pasados sin decir agua va, a afirmar que el acuerdo era espurio, que constituía un “acoso ambiental”, que tenía tal poder coercitivo que si se ratificaba en la Asamblea Legislativa pondría freno a la reactivación económica del país y otras elucubraciones más. Resultado: muchos diputados en contra, el Ejecutivo mejor puso pies en polvorosa y el acuerdo de Escazú entró en vigencia en América Latina y el Caribe la semana pasada, dos días antes de la celebración del Día Mundial de la Tierra, sin nuestro aval, luego de que fuimos los impulsores. Conste que igual pasa con Chile que también se echó para atrás…
¿Por qué tanto brinco si el suelo estaba parejo? ¿Es en efecto este protocolo internacional de derechos humanos una herramienta de afectación al impulso empresarial como vino la historia contada (y se la compraron algunos) desde los empresarios conservadores chilenos? Nos lo explican el especialista en Derecho Público Internacional Nicolás Boeglin y Álvaro Cedeño, además de abogado, especialista en transformación de conflictos y política pública.
