Pasada la Semana Santa e iniciando abril, la presión política entra de lleno en la Asamblea Legislativa con el proyecto de Empleo Público como elemento sustancial del ajuste fiscal para cumplir el acuerdo preliminar del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
El Ejecutivo enfrenta esta batalla política exhibiendo sus propias contradicciones pues por un lado brega el presidente Alvarado a favor de mantener en el nuevo esquema a universidades y municipalidades y por otro, en sentido contrario, un sector del partido oficial -incluyendo algunos de sus diputados- convertidos abierta o solapadamente en defensores del mantenimiento del statu quo imperante por décadas.
Las mismas contradicciones se observan en otras tiendas políticas y por ello la presión trasciende el distrito de Zapote y llega a El Carmen, en Cuesta de Moras. La meta es aprobar la controvertida ley antes del 1 de mayo, una fecha que siempre trae lo suyo en el ambiente legislativo. En manos de los diputados está la estafeta del acuerdo con el FMI ofrecido como un flotador financiero para el país en el plazo corto y mediano. Nos están viendo los agentes financieros internacionales y los inversionistas; nos estamos midiendo nosotros mismos en la dificultad propia de tomar decisiones colectivas, en la dirección que sea.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, es una de las voces prominentes de este proceso. Es la coordinadora del equipo económico del Gobierno y parece tener toda la confianza del mandatario, a pesar de las críticas directas desde las propias tiendas del Partido Acción Ciudadana (PAC). A ella y a la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, les corresponde poner la mejor cara y sacar artes de negociación que siempre se presentan como un desafío incierto para este gobierno, pero dejar el tema flotar en el Congreso sería solo la antesala del hundimiento. Con la ministra Pilar Garrido y muchas preguntas hacemos nuestro Hablando Claro.
