El punto es que las universidades públicas, los gobiernos locales y el poder judicial demandan quedar fuera de la temida y postergada ley de ordenamiento del empleo público.
El hecho es que los diputados (al parecer en mayoría) pretenden dejarlos dentro del esquema de salario global que se implementaría finalmente para el funcionariado. Claro, con sus delimitantes. Por ejemplo, estableciendo que la rectoría política del MIDEPLAN -según el principio de coordinación institucional- construiría el salario global con la Autoridad Presupuestaria, el acompañamiento técnico del Servicio Civil (habrá que ver si puede desarrollar el músculo que hoy no tiene) y la participación de las propias instituciones afectadas. La solución suena compleja y no sabemos si funcionará.
Lo que si sabemos es que el proyecto de empleo público en construcción es como el parto de los montes. Quienes lo adversan han estado muy activos. En contra suman a la Comisión Política del PAC y a varios diputados incluyendo a la oficialista Paola Vega, que se enfrentan sin miramientos a la decisión del Ejecutivo y al resto de la bancada de ir hacia adelante. También suman a la oposición -entre otros- a un grupo de diputados liberacionistas (no ahora, sino desde el inicio del período, pues ellos sí han logrado sacar músculo). Por supuesto, están en contra muchos sindicatos.
Lo cierto es que la legislación de ordenamiento del empleo público está sacándole las canas a todo el mundo; prueba irrefutable de porque llevamos décadas hablando del tema del disparador insostenible que representa para las finanzas públicas la alambicada estructuración salarial de Costa Rica y de porque ningún gobierno ha podido (o había querido) entrarle de lleno al asunto. Hasta que tocó.
Conversamos entonces en Hablando Claro acerca de las contorsiones ideológicas, sociales y políticas que se manifiestan ante la odiosa disciplina fiscal dada nuestra endeble situación. Con los diputados Víctor Morales Mora del oficialismo y Luis Fernando Chacón del Partido Liberación Nacional.
