En las últimas décadas las manifestaciones en el país corrieron de marzo a octubre. Este año se adelantaron. Y no es sorpresa. En el contexto de una deliberación sociopolítica para alcanzar un acuerdo interno sobre el acuerdo que debemos/queremos/necesitamos (póngale el verbo según su criterio) finiquitar con el Fondo Monetario Internacional, la temperatura está calentando el ambiente.
Claro que el requerimiento de ordenar el intrincado enjambre del empleo público en Costa Rica tiene raíces mucho más añejas que la discusión coyuntural. Por lo menos 20 años llevamos hablando de solucionar la maraña que construimos. Un esquema de categorías, escalafones, bases, pluses, anualidades, convenciones y un largo etcétera que dibujó el variopinto paisaje de nuestro laberíntico empleo público, nos encuentra hoy con la tarea pendiente y al parecer sin mucha opción de seguir dejándolo para más adelante.
Dejar para adelante fue lo que pasó en 2018 después de la traumática aprobación del plan fiscal. Las fuerzas políticas y los ciudadanos todos pasamos el trago amargo de una reforma tributaria con la promesa de continuar luego con empleo público y otras reformas estructurales. Pero antes, fue menester aprobar una modificación a la ley de huelgas. Después vino la pandemia…
Ahora en pleno empeño de construcción de un proyecto complicadísimo por los aspectos técnicos, por los intereses en pugna y por las marañas legales, los primeros en salir a la calle son los universitarios. Este jueves marchan a la Asamblea Legislativa con la consigna del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de defender “el respeto constitucional a la autonomía universitaria en el sentido de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.
¿Es posible que en el estado actual de la situación podamos mantener incólumes esa y otras autonomías? Lo conversamos con el presidente del CONARE, Francisco González, con el ex rector del Instituto Tecnológico, Julio Calvo y con el ex director del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas.
