Llega el día en que autoridades de nuestro país y del Fondo Monetario Internacional (FMI) comienzan conversaciones para intentar un salvavidas a las asfixiantes finanzas públicas costarricenses.
Se inician este lunes sesiones virtuales sobre asuntos en los que -tengámoslo claro- no hemos llegado a acuerdos ni siquiera entre nosotros mismos, con el agravante de que también persisten rechazos a la mera idea de negociar con ese organismo.
Se agregan titubeos e incoherencias del Ejecutivo, desconfianza de grupos opositores, cálculos electorales y un persistente veto de sectores en contra de pagar más por la factura de la sostenibilidad fiscal. El cuadro está lejos de ser el ideal para negociar con el FMI y en parte por eso el Gobierno acude a un tratamiento de emergencia antes que empeoren las cosas.
La lectura obliga a ángulos múltiples desde la economía y la política para no renunciar a la búsqueda de bienestar colectivo; que no se nos olvide es lo que debe estar en el centro de la cuestión.
¿Cuál es entonces la ruta fiscal posible que conduce al FMI y que menos golpea a la población mayoritaria y más vulnerable? La respuesta es complicada, pero nos acercamos a la pregunta con el aporte del economista, ex ministro de Planificación y de Educación Pública, Leonardo Garnier.
