Por un monto de $36 millones de dólares el país tuvo posibilidad de adquirir 3 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 a la farmacéutica Pfizer de acuerdo con la información liberada este miércoles por el gobierno de la República, gracias a que la transnacional de medicamentos accedió a que el país diera a conocer esta información del acuerdo de confidencialidad que se suscribió para asegurar la compra.
La noticia fue sorpresiva dado que apenas 24 horas antes las autoridades habían asegurado que aún esperaban por tiempo indefinido la autorización necesaria para dar a conocer el monto que había generado especulaciones e incluso sospechas -aunque fuesen infundadas- pese a que hasta la Contraloría General de la República avaló en su día la transacción mediante el mecanismo de excepción que el país dispone vía la Comisión Nacional de Emergencias CNE, precisamente para eventualidades excepcionales como la pandemia.
En medio de la incertidumbre de un posible incremento de contagios en las próximas semanas y la constatación de resistencias por una parte de la población para utilizar mascarillas, ejercer distanciamiento físico y manejarse en burbujas sociales, el país lleva adelante una estrategia nacional de vacunación respecto de la que existe confianza por nuestras probadas capacidades de atención primaria de la salud, pero también la claridad de que se requiere paciencia y constancia para continuar con las medidas de contención de las que ya resienten algunos sectores de la población.
De todos estos aspectos conversamos en clave de política pública sanitaria local con Alexander Solís y Eduardo Mora, presidente y asesor legal respectivamente de la Comisión Nacional de Emergencias.
