Legislar con apego a la técnica es un malabarismo excesivamente complejo porque se trata de hacerlo en un cuerpo eminentemente político en el que se entrecruzan las pasiones, las visiones, las capacidades de influencia de grupos de interés y hasta las vanidades de quienes impulsan los proyectos.
Prueba de ello es el necesarísimo proyecto para crear una Ley Marco de Empleo Público en el país. Hablamos de ello hace por lo menos tres lustros y pareciera que ahora sí le llegó la hora.
Sin embargo, lo concretado en un dictamen afirmativo en la comisión legislativa de Gobierno y Administración como propuesta de ley, es imposible de aprobar simple y sencillamente porque significaría un zarpazo de 32 mil millones de colones a la hacienda pública, ya que le permitiría a 28,000 empleados del gobierno central y otras instituciones migrar de inmediato al nuevo esquema de salario global. Este no es el único asunto que debe ser corregido en la propuesta, razón por la cual el Ejecutivo ni siquiera la ha convocado a sesiones, esperando consenso para aplicar los ajustes que ya dio a conocer el Ministerio de Planificación esta semana.
Sin embargo. En la carrera por las autorías ya hay una nueva propuesta de ley de los diputados Pedro Muñoz y Roberto Thompson. Según el socialcristiano, es cosa de esperar a que la iniciativa dictaminada muera por inanición. Es decir, que pierda tanto impulso que se entre a conocer el texto sustitutivo que elaboró con su colega liberacionista.
El problema es que de acuerdo con José Joaquín Arguedas ex director del Servicio Civil, ninguno de los textos que circulan en el Congreso resuelve los gravísimos vicios anquilosados que mantienen capturadas las plazas del intrincado laberinto en nuestro sector público. De acuerdo con su vasta experiencia, ni los entuertos del perverso sistema de interinatos en el MEP, las universidades, o en la mismísima Asamblea Legislativa, se resolverán con esta ley que podría estar maquillando la realidad por lo que -según sostiene- si no se actúa con mucha rigurosidad se crearía una piñata de cargos de confianza, pues en contra de lo que se estila hoy en democracias modernas, aquí se podría ratificar la intención de dejar al funcionariado en cualquier oficio o servicio que se preste dentro del estado. Es decir, tal cual ocurre ahora que cada persona es prácticamente dueña inamovible de su cargo.
Con el politólogo, especialista en recursos humanos y función pública José Joaquín Arguedas conversamos en Hablando Claro.
