Un país que goza de solidez institucional como el nuestro, es un país cuya ciudadanía está obligada a ejercer una veeduría permanente para exigir políticas públicas que modernicen permanentemente nuestro estado permitiendo así mejorar la calidad de vida de los habitantes.
En Costa Rica experimentamos con particular énfasis un agotamiento de nuestras capacidades dialógicas. El “sospechómetro” en alta temperatura ha hecho naufragar los intentos de articulación de acuerdos sustantivos y consecuentemente logramos pactos limitados. Limitados, claro está, respecto del tamaño de algunos de los grandes problemas a resolver. Como el desbalance de las finanzas públicas.
Los organismos internacionales dan cuenta de ello en cada calificación a la baja, en cada análisis. No hay que hacer un ejercicio de memoria para corroborarlo porque prácticamente todas las semanas hay un nuevo reporte que alerta sobre nuestra limitada capacidad de resolución. Según dio cuenta La Nación este sábado, BofA Securities, división de banca de inversión del Banco de América, en nuestro país “los políticos tendrían que experimentar una verdadera crisis antes de estar dispuestos a tomar las decisiones difíciles, nos referimos a llegar a un consenso para aumentar los impuestos y/o reducir los gastos en una nueva reforma fiscal suficientemente convincente como para obtener un programa del FMI y/o reestructurar la deuda pública, a fin de obtener alivio”.
¿Será posible, en efecto, que no seamos capaces de lograr en esta hora compleja un acuerdo sustantivo para evitar una crisis económica que nos conduciría a mucho mayores congojas? Sería deseable alcanzarlo, no solo porque nos observan y nos penalizan por nuestra limitada acción, sino para demostrarnos a nosotros mismos que sí somos capaces de heredarle a nuestros hijos y nietos un mejor lugar. Pero no hablamos solo de la situación fiscal. Muchos otros desafíos se entrecruzan en el camino de esta coyuntura compleja.
Conversamos con Abril Gordienko, activista, educadora, experta en políticas públicas y escritora y Gustavo Román Jacobo, abogado, especialista en comunicación política, intelectual y columnista.
