El presidente Carlos Alvarado publicó la noche del viernes el veto total y contundente a la ley de pesca de arrastre. En español y en inglés, por aquello de las miradas externas, apeló al riesgo ambiental y al impacto económico sobre otras poblaciones para tomar una decisión que no resulta neutra en el juego político.
Es, en la práctica, fue el tiro de gracia a una iniciativa que ahora queda sin ninguna posibilidad de resello legislativo. Ya ni siquiera están los 28 votos que permitieron aprobarla en segundo debate el 22 de octubre. Muchos diputados vieron el tamaño de la ola de rechazo que, seguro, también midió el mandatario al momento de decidirse por el veto.
Ahora las preguntas no admiten espera: ¿cómo generar empleos en nuestra costa pacífica? ¿Cómo evitar que esto se convierta en la historia que ya conocemos con Crucitas? ¿Cómo responder a la angustia de miles de puntarenenses? y, claro, ¿cómo evitar que se traduzca en violencia social?
La respuesta queda en manos del gobierno, claro, pero también de la capacidad propositiva de los diputados, independientemente de si son puntarenenses o no. Lavarse las manos no es una opción admisible para nadie, incluso para organizaciones académicas, empresariales y hasta ambientales que pueden aportar con ideas. La rectoría de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, solicitó al mandatario construir de inmediato un equipo interdisciplinario para la atención integral y científica de la pesca de arrastre en Costa Rica. Sugirió además que el grupo esté coordinado por Incopesca y compuesto no solo por académicos e investigadores sino también por la Cámara Puntarenense de Pescadores y las cooperativas de pescadores. Con Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica y Carlos Murillo experto en políticas públicas, ponemos la mirada en ese ‘día después’.
