Que la Asamblea Legislativa haya decidido revivir la pesca de arrastre es -probablemente- el último de los problemas que necesitaba tener en su inmensa carpeta de problemas pendientes el Presidente de la República, de quien no pocos esperan ahora el acto heroico de un veto a la muy polémica ley de aprovechamiento del camarón sostenible.
No pocos es una manera de decirlo, pues en efecto son muchísimos ciudadanos y colectivos que desde el jueves se pronuncian en redes sociales, medios tradicionales, marchas, y hasta huelgas de hambre en frente de la sede del Ejecutivo en la que ya se hicieron parte del paisaje las vallas metálicas y los escoltas de seguridad.
La aprobación de la ley en segundo debate ha causado una ola de indignación de ambientalistas, grupos de pescadores artesanales, empresarios turísticos y municipalidades, que antes nunca se escucharon con tanto ímpetu. Eso sí -ellos mismos lo admiten- bastante tarde. Transcurrieron tres meses desde que el polémico proyecto que había sido aprobado en primer debate el año pasado, fuera bendecido por la Sala Constitucional en un también polémico voto (4-3). Y ya se sabía que la aprobación era inminente y no se movilizaron a tiempo para buscar los votos.
Los que sí buscaron y obtuvieron las adhesiones para la mayoría simple que se requería fueron los camaroneros y los pescadores de Puntarenas que más bien esperan que el Presidente Alvarado decida -como lo ha hecho durante toda su gestión- no intervenir en el juego parlamentario y rubrique la nueva ley.
Lo mismo espera el diputado oriundo de la perla del pacífico, exministro de la Presidencia y exministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides quien defiende con convicción y -sin cálculo político ninguno, dice, sino por el contrario con el costo que ello le significa, la legislación de incidencia socio ambiental y económica probablemente más polémica de este cuatrienio. Con él hacemos nuestro Hablando Claro.
