Dado que entre los especialistas económicos (y los políticos, claro) hay diferencias por ahora irresueltas respecto de cómo y en qué invertiremos los escasos recursos que nos queden disponibles después de pagar los intereses de nuestras abultadas deudas, seguimos abocados al ejercicio de comprender las implicaciones de adoptar una u otra vía de acción, por ejemplo, con respecto a la aplicación de la regla fiscal en los años por venir.
La semana pasada el presidente de la república alzó la voz, argumentando que si el Ejecutivo es obligado a aplicar una regla demasiado estricta, tendríamos que decidir "cuáles seis ministerios cerrar" y sentenció que la discusión no es fiscalista, sino acerca del desarrollo.
Los desafíos del país son muchos y los requerimientos de entendimiento resultan imperiosos y permanentes, van mucho más allá del acuerdo para la reforma fiscal del 2018 y debieran ser independientes de las resacas post municipales, o del primero de mayo inminente, o de las próxima campaña electoral nacional. Debieran, pero el deber ser no aplica.
En palabras de la excontralora y ex ministra de Hacienda, Rocío Aguilar el viernes en Hablando Claro, estamos asistiendo a "una polémica tóxica", ella recordó que la ley de fortalecimiento de finanzas públicas nunca pretendió una reforma de choque y que es necesario actuar con prudencia y mesura para adoptar los próximos pasos en procura de la solución de nuestros entuertos de financiamiento público, déficit fiscal y endeudamiento.
Desde su óptica, su sucesor don Rodrigo Chávez tiene la oportunidad de enviar un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa para hacer efectiva su carta de restricción de gasto posible y formalizar a cambio la solicitud de eurobonos y utilización de superávits para canjear deuda cara por deuda menos onerosa y abonar al déficit.
Otra de las voces autorizadas en la materia es la del economista y ex presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez. Con sus experimentados aportes conversamos en Hablando Claro.
