Como habíamos adelantado, el clima no resultaba propicio para el titular de Hacienda en su comparecencia este lunes ante el pleno legislativo justamente en el contexto de una nueva baja en la calificación de riesgo país de Moody´s, por los pesados fardos de la deuda pública y el déficit fiscal. Nada nuevo en el horizonte. Pero no por ello menos amarga la confirmación que adelantó el propio Rodrigo Chaves. La baja en el escalón pasó de B1 con perspectiva negativa a la siguiente grada, B2 estable. Y para remachar, la agencia anotó que no parece posible una pronta mejoría porque cumplimos ya una década (recordemos la fallida reforma fiscal de la administración Chinchilla) de no lograr reducir el déficit.
Es decir, nuestra crisis fiscal está instalada y aún falta mucho camino para superarla.
Claro que el titular hacendario hizo un ejercicio que es poco valorado cuando explicó qué tan grave sería la situación de no haber aprobado a finales del 2018 la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Para empezar el déficit no hubiera sido de 6,96 % sino que hubiera escalado al 8.44 % del PIB y peor aún, el del 2020 llegaría entonces a 9.43 %! En otras palabras la reforma, insuficiente como era, resultaba inevitable e imperiosa.
¿Y los nuevos paliativos para seguir manteniendo al paciente? Chaves anunció (por fin) las postergadísimas ventas de la Fábrica de Licores y BICSA, pidió la aprobación de los eurobonos y los empréstitos internacionales para cambiar urgentemente deuda cara por deuda barata, prometió reducir la evasión fiscal a la mitad y revisar las exoneraciones. Además anunció que las utilidades de los bancos estatales, el INS y Correos se destinarán al pago de intereses de deuda, lo mismo que los 226 mil millones que se tomarán del superávit de varias instituciones que no ejecutan sus presupuestos.
En Hablando Claro analizamos el cóctel de medidas con los economistas Fernando Rodríguez y Elí Feinzag.
